A partir de la promulgación de la ley para aplicar el uso de las tobilleras electrónicas, hay un plazo de 60 días en el que se debe definir la reglamentación y la organización de las instituciones involucradas en el proyecto, según explicó el comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez.
Refirió que en dicho tiempo se debe optar por un sistema, ya que hay una gran oferta de dispositivos de control electrónico.
De igual forma, se tiene que establecer la oficina interinstitucional a cargo de su implementación, la cual contará con representantes del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía.
“Las personas que, con base en lo que dicte el juez, van a poder acceder, tienen que tener en este caso la posibilidad de pagar por este servicio, de contar con este contrato, es un servicio de monitoreo, y también tiene que tener esa capacidad del pago por el mantenimiento correspondiente. Por un lado, el sistema de monitoreo y por otro lado el mantenimiento en sí”, detalló en cuanto al acceso a esta medida.
Por parte de quienes no tengan la posibilidad de costearlo, se debe certificar la insolvencia mediante un acta y testigos calificados, con lo cual el Estado se hará cargo.
Lo que todavía no está definido es cuánto se invertirá en los dispositivos y su mantenimiento, teniendo en cuenta que depende del proveedor.
