Luego de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, haya manifestado gran preocupación por la desaparición en Paraguay de la niña Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, y “por la falta de avances en la investigación del asesinato de dos menores de once años, Lilian Villalba y María Carmen Villalba”; el Gobierno paraguayo a través de la Cancillería Nacional reafirmó su firme vocación de apego a las normas de protección de los derechos humanos. En el marco de las investigaciones ya iniciadas, ratifica su compromiso de esclarecer los hechos, respecto a la desaparición de Carmen Oviedo Villalba y la investigación de la muerte de dos niñas, durante un enfrentamiento entre la FTC y el grupo criminal EPP.
En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció este sábado en respuesta a lo expuesto por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), y que se reproduce a continuación:
Respecto a la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, y la investigación en torno a la muerte de dos niñas, durante un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) e integrantes de la organización criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el Paraguay toma nota del referido comunicado con suma preocupación considerando que la manera en que los hechos son presentados en el mismo no ha tomado en cuenta la información sustantiva proveída oportunamente por el Estado a solicitud de diversos mecanismos de protección de los derechos humanos del ámbito de las Naciones Unidas, comprometiendo seriamente la objetividad y el equilibrio en los términos del pronunciamiento publicado.
En efecto, con relación a las investigaciones en torno a la muerte de las dos niñas, el Paraguay ha remitido informes a varios titulares de mandato de procedimientos especiales, entre ellos; 1. el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; 2. la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; 3. el Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados; y 4. el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Comunicación conjunta AL PRY 1/2020). Igualmente, ha remitido información en el marco de una solicitud de investigación presentada ante el Comité de los Derechos del Niño (CRC/LP), así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, la República del Paraguay ha suministrado información sobre los esfuerzos que viene empeñando en la búsqueda y localización de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, en respuesta a una petición de acción urgente transmitida por el Comité contra la Desaparición Forzada, registrada como AU Núm. 1006/2021.
En los citados informes, el estado ha proveído explicaciones detalladas y objetivas que aclaran el contexto en que se produjeron los acontecimientos, y que responden, inclusive a varios de los aspectos señalados en el comunicado. La publicación alude a nuevas evidencias que entendemos obrarían en su poder; el Paraguay agradecería poder acceder a las mismas, a fin de enriquecer el caudal probatorio recolectado hasta el momento por las instancias de investigación competentes.
Además de ofrecer detalles sobre las investigaciones en el caso de las niñas abatidas y sobre las labores de búsqueda de la menor desaparecida, los informes del Estado abordan cuestiones relevantes como los procedimientos aplicados por la FTC, el contexto de la detención de Laura Villalba y la caracterización del grupo criminal EPP, cuya consideración previa es ideal para asegurar la constructividad de las acciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por cuanto antecede, el Estado paraguayo enfatiza su repudio y condena a la práctica deleznable del grupo criminal EPP, que consiste en utilizar y explotar a niños, niñas y adolescentes con fines ilícitos, propiciando graves vulneraciones a sus derechos, en razón de su exposición a situaciones de peligro y violencia, en los campamentos.
Finalmente, el Paraguay reafirma su firme vocación de apego a las normas de protección de los derechos humanos, las cuales no ha dejado de respetar, y en el marco de las investigaciones ya iniciadas, ratifica su compromiso de agotar todas las instancias legales a fin de esclarecer los hechos e imponer las debidas sanciones sobre los responsables, reiterando su determinación de continuar en la lucha contra el crimen organizado y de aplicar la legislación correspondiente.
