Con su publicación en la Gaceta Oficial de la Presidencia, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 6.622/20 “que establece medidas de racionalización del gasto público”, propuesta a inicios de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19.
Como primera medida, se establece que los funcionarios públicos no podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República, de G. 37 millones. La medida se aplica de igual forma para funcionarios de las binacionales de Itaipú y Yacyretá, quedando exceptuados los funcionarios que prestan servicio en el exterior.
También se elimina el pago de seguro médico privado o medicina prepaga para las máximas autoridades de los organismos del estado y miembros de sus órganos colegiados. Otro rubro que se elimina para el mismo sector es el de pago para la provisión de combustibles, a excepción de traslados en el ejercicio de sus funciones.
A nivel de funcionariado público, se establece que solo se permitirán los contratos y nombramientos por concurso de méritos, y las máximas autoridades no podrán contratar o nombrar parientes del cuarto grado de consaguindad y segundo de afinidad.
Asimismo, se limitará la incorporación de colaboradores o asesores o cualquier otra figura hasta tres asesores, quienes durarán en sus funciones el tiempo que estén sus máximas autoridades.
