El ministro de Relaciones Exteriores Federico González habló acerca de los desafíos que le espera en esta cartera de estado, como los de preparar al país para la pospandemia y la revisión del anexo C del tratado de Itaipú.
González se reunió en el Palacio Legislativo con la senadora y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara Alta, Lilian Samaniego. Ambos prometieron articular un trabajo coordinado entre la Cancillería y el Congreso Nacional en beneficio del país.
“Lógicamente la prioridad que tenemos es la revisión del anexo C del tratado de Itaipú que ya se viene y queremos iniciar el año entrante por lo que está en juego, por lo que significa para nuestro país, por lo que significa también para la hermana República Federativa del Brasil”, enfatizó al tiempo que señaló que la recuperación económica es prioridad.
“Se vienen avanzando en todo lo que asegure el ingreso de nuestros productos a mercados extranjeros, la captación de inversiones también para el Paraguay. El país está muy bien posicionado, las perspectivas de los informes que vienen de organismos financieros internacionales, de calificadoras Internacionales, de medios de prensa, posicionan al Paraguay con muy buen repunte para el año que viene y que los es efecto de la pandemia serán los mínimos o reducidos en la región”, señaló.
Revisión del Anexo C de Itaipú
El Tratado de Itaipú establece la posibilidad de revisar el Anexo C a partir del año 2023. Este documento trata sobre las cuestiones financieras y de la tarifa de compra de energía para los países que comparten la hidroeléctrica.
González aseguró que el objetivo principal está definido: el reaseguro de la soberanía energética paraguaya, con la libre disponibilidad de la energía que corresponde al país, sea para su uso a nivel interno e industrial o para la venta a otros mercados.
Ante este objetivo, el desafío está en elaborar los escenarios posibles buscando un equilibrio y siendo realistas, dijo el canciller. Una vez definido el escenario, la estrategia de negociación debe apuntar llegar al mismo, pero con un consenso generalizado entre todos los sectores de la población, añadió.
Sobre este último punto, hasta junio de este año sesionó una comisión asesora, que presentó sus recomendaciones al equipo negociador del Poder Ejecutivo, y además se inició el proceso de consulta a organizaciones políticas, sociales y la academia, sin mucha respuesta hasta el momento.
Sumado a estos procesos, existe un grupo de alrededor de 60 profesionales trabajando en los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y comerciales (el propio canciller, en su rol anterior como asesor presidencial, formaba parte del grupo técnico). Desde esta instancia, se analizan todas las propuestas y variables a ser atendidas en los cuatro aspectos para ayudar a definir una eventual posición paraguaya.
Una última consideración que no se puede dejar de lado corresponde a la proyección de que para el año 2035 el Paraguay ya utilizaría toda la energía eléctrica producida por su actual matriz energética (que comprende las binacionales Itaipu y Yacyreta y la represa del Acaray).