La Dirección del Material Bélico (DIMABEL) llevó a cabo una denuncia formal ante el Ministerio Público relacionada con una supuesta red de tráfico de armas que involucra a un total de 55 agentes policiales y 46 militares. Estos individuos serían acusados de abastecer a grupos criminales en Brasil con armamento ilegal. Antes de presentar la denuncia, las autoridades militares organizaron una conferencia de prensa para comunicar la situación a la ciudadanía.
El ministro de Defensa, Óscar González, subrayó que esta acción no se considera una denuncia penal, sino más bien una remisión de antecedentes sobre el tráfico ilícito de armas.
Se ha informado que los agentes, supuestamente, adquirían armas de manera legal y luego las entregaban a organizaciones criminales. Posteriormente, alrededor de 20 días después de las transacciones, hacían denuncias de extravío a la Policía Nacional.
Según las primeras investigaciones, los involucrados habrían recibido unos G. 700.000 por prestar sus nombres en este tráfico.
