Un conjunto de organizaciones sin fines de lucro ha expresado su preocupación sobre la posible pérdida de credibilidad de Paraguay en el ámbito internacional. En un comunicado conjunto, hacen un llamado al presidente Santiago Peña para que proceda con el “veto total de la ‘ley garrote’”.
Las entidades advierten sobre las repercusiones que esta legislación, conocida como “ley garrote”, podría tener en el funcionamiento de las ONG y en diversas áreas, especialmente en lo económico. Sostienen que la ley podría promover un entorno institucional excluyente que afectaría a la sociedad civil.
“Señor presidente, instamos a vetar este proyecto de ley en su totalidad”, es la solicitud formal dirigida a Santiago Peña, quien tiene la potestad de promulgar o vetar la ley aprobada por el Congreso Nacional.
Las organizaciones también citan la obra de Daron Acemoglu y James Robinson, recientemente galardonados con el Premio Nobel de Economía. En su libro “Por qué fracasan las naciones”, argumentan que los países que establecen instituciones inclusivas, donde se distribuye el poder político y económico de manera equitativa, tienden a prosperar, mientras que aquellos que favorecen a una élite enfrentan estancamiento y creciente desigualdad.
“Hoy, Paraguay se encuentra en un punto de inflexión: avanzamos hacia la consolidación de instituciones inclusivas o corremos el riesgo de caer en la trampa de instituciones que perpetúan la exclusión y la desigualdad”, reflexionan las organizaciones.
Entre las 23 entidades que firmaron el comunicado se encuentran Desarrollo en Democracia, la Asociación de Empresarios Cristianos, la Asociación de Ex becarios del Programa Becal, Idea Ambiental, la Asociación de Emprendedores de Paraguay, y la Federación y Asociación de Mipymes.
Además, subrayan el informe de Fitch Ratings, que aún no le concede a Paraguay el grado de inversión, señalando el avance de esta ley como una preocupación importante. También mencionan que una directora asociada de Standard & Poor’s destacó la relevancia de la sociedad civil como un contrapeso a los poderes estatales en un evento reciente.
Limitar la capacidad de operación de las ONG de forma independiente no solo debilitaría el equilibrio, sino que también podría poner en riesgo la credibilidad del país ante los mercados internacionales. “Paraguay ha sido protagonista de un importante logro, como el reciente grado de inversión otorgado por Moody’s, que nos llena de orgullo y refleja el esfuerzo conjunto del sector público y del sector privado. Sin embargo, esta posición privilegiada puede estar en peligro si el Gobierno no toma medidas para proteger la institucionalidad democrática”, advierten.
La “ley garrote” fue sancionada el 9 de octubre en el Senado, aunque se realizaron modificaciones al proyecto original. Sin embargo, los opositores y las organizaciones sin fines de lucro advierten que mantiene el objetivo de limitar la actividad de aquellos que critiquen al Gobierno.
