La Fiscalía inició un proceso de investigación relacionado con un presunto caso de deforestación en Nueva Germania, un distrito del departamento de San Pedro. La denuncia fue elevada a las autoridades ambientales y sugiere que un terreno específico estaría siendo explotado por una empresa agrícola. Para avanzar en el caso, se prevé que un equipo técnico se desplace al lugar para llevar a cabo una inspección.
Este asunto generó inquietud tanto en las autoridades como en los ciudadanos, dado que podría infringir la normativa ambiental vigente. En septiembre, se presentó la denuncia ante el Ministerio del Medio Ambiente, reportando la tala de más de 300 hectáreas en una zona que se encuentra entre los distritos de Tacuatí y Santa Rosa del Aguaray.
El fiscal Juan Daniel Benítez, de la unidad especializada en cuestiones ambientales, ha confirmado que la investigación está en marcha. Un grupo de expertos tiene programado visitar el área afectada para recolectar datos y verificar el alcance de la deforestación, así como identificar a los responsables. Se ha informado que el terreno podría haber sido recientemente adquirido por una empresa agrícola, lo que llevará a la Fiscalía a investigar a los nuevos propietarios y su posible implicación en esta actividad.
En las áreas afectadas, es habitual que se implementen medidas de seguridad privadas para limitar el acceso a las propiedades. Estas restricciones, aunque justificadas por motivos de seguridad, despiertan sospechas de que se busque ocultar actividades ilegales relacionadas con la deforestación.
La comunidad local espera acciones efectivas y respuestas claras de las autoridades respecto a la denuncia presentada. Los ciudadanos han expresado su preocupación ante la falta de acceso y la posible complicidad en actividades ilícitas. El avance de la investigación del Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal Juan Daniel Benítez, es esencial para aclarar la situación y tomar medidas legales contra aquellos que violen las leyes ambientales.
La existencia de bloqueos y la presencia de seguridad privada refuerzan la urgencia de una investigación exhaustiva y transparente, ya que la conservación del medio ambiente es un interés colectivo que exige atención inmediata.
