Un juez de Caaguazú impuso una fianza de G. 300 millones a Anadelia Acosta Armoa, funcionaria de la Cámara de Diputados, y a otros tres imputados en un caso de desvío de fondos destinados a indemnizaciones de la ANDE para familias necesitadas.
En la audiencia, el juez Rafael Domínguez también estableció medidas como la comparecencia mensual ante el juzgado y la prohibición de salir del país o cambiar de domicilio.
Los imputados ofrecieron terrenos como garantía para la fianza, que totaliza G. 1.200 millones. Además, se les prohibió acercarse o comunicarse con las víctimas del caso.
El juez indicó que algunos terrenos ofrecidos superan el valor de la fianza establecida.
