La Fiscalía realizó un allanamiento en las oficinas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal en Asunción, buscando evidencias sobre el uso indebido de fondos y la falsificación de aproximadamente 300 firmas en cheques. Se estima que se habrían retirado alrededor de G. 10.000 millones por parte de funcionarios.
Durante la operación, se incautaron documentos y se copió el sistema informático de la Caja. La fiscal Luz Guerrero indicó que los fondos fueron retirados bajo el pretexto de devoluciones de aportes, utilizando legajos falsos a nombre de afiliados que no estaban al tanto. Esto implicó que cheques endosados por los afiliados eran cobrados por otras personas.
La auditoría posterior a un incendio en mayo reveló irregularidades previamente denunciadas por empleados y jubilados, indicando que estos retiros ilegales ocurrieron entre 2020 y 2023.
La Contraloría General también expuso una serie de irregularidades financieras dentro de la entidad, que enfrenta problemas para pagar jubilaciones, destacando una cartera de préstamos no contabilizados por un total de G. 50.466 millones (aproximadamente USD 6,6 millones),
