Tomás Edgar Bolaños, exdirector del penal de máxima seguridad de Emboscada, reportó a sus superiores que Armando Rotela, líder del Clan Rotela, estaba sobornando a agentes penitenciarios para introducir teléfonos celulares en la prisión. Los sobornos, de acuerdo con el informe, iban desde G. 3 millones y G. 5 millones hasta 1.000 dólares.
Documentos enviados por Tomás Edgar Bolaños, exdirector del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, revelaron un presunto esquema de corrupción dirigido por Armando Javier Rotela, líder del Clan Rotela, para introducir teléfonos celulares y otros beneficios al penal.
“Es importante poner a conocimiento de la superioridad las manifestaciones realizadas en forma verbal por los agentes penitenciarios que sí demuestran compromiso institucional sobre ofrecimiento de dinero por parte de personas privadas de su libertad para introducir aparatos telefónicos por un día que van desde 3 millones, 5 millones y 1000 dólares”, menciona en el documento.
Este informe fue enviado el 14 de junio al coronel Raúl Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios. Sin embargo, los reportes comenzaron a ser enviados a las autoridades del Ministerio de Justicia desde el 27 de mayo.
En un comunicado previo del 11 de junio, el director expresó su preocupación de que los nuevos guardias, formados específicamente para la zona de máxima seguridad, carecen de la “capacidad adecuada para manejar situaciones de crisis” y tienen miedo para realizar intervenciones.
Los guardias que intentaban cumplir con sus deberes de manera íntegra eran amenazados por el grupo criminal. El informe de Bolaños detalla que los criminales advertían a los guardias con frases como “son internos y no eternos”, prometiendo descubrir los nombres y domicilios de sus familias para enviarlos a visitarlos.
El 1 de julio, los integrantes del Clan Rotela destruyeron las cámaras de seguridad del penal como forma de protesta.
Las acciones correctivas se tomaron recién en agosto, incluyendo el traslado de miembros del Clan Rotela a la cárcel de Minga Guazú, la separación de los guardias y la destitución del director penitenciario que había reportado las irregularidades.
