Una carta enviada desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas insta al presidente de la República, Santiago Peña, a “reexaminar” el proyecto de ley que establece control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, en vista de que “podría restringir” derechos humanos.
Relatoras del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enviaron un documento al Presidente Peña, para sugerir la reexaminación del mencionado proyecto de ley, debido a que podría restringir derechos fundamentales de los ciudadanos.
La carta está firmada por Gina Rometo, una relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Las mismas revisaron diferentes aspectos del proyecto iniciado por el movimiento Honor Colorado. Una parte señala el artículo 4, donde menciona un registro obligatorio de organizaciones sin fines de lucro, que depende del Ministerio de Justicia; y el artículo 5, que estipula un libro para el registro de la financiación, ya sea nacional, extranjera, pública o privada; sobre ello advierten que podría “generar una carga demasiado pesada para organizaciones de base, y podría ser perjudicial para asociaciones esporádicas o informales”.
“Este exceso de requerimientos de registros podría desincentivar la creación de nuevas asociaciones”, expresan en el documento.
Además, se refieren también al artículo 9, que establece la prohibición de crear relación contractual alguna entre organizaciones que no tengan inscripción en el registro nacional y organismos del Estado, municipalidades, entidades binacionales o empresas públicas.
“Esta provisión podría constituir una injerencia indebida en entidades y organizaciones del sector público, privado y mixto, nacionales e internacionales que, en virtud de su derecho a la libertad de asociación, deben conservar la autonomía para decidir sobre el uso de sus fondos propios”, sostienen.
Las relatoras recordaron a Peña que los estándares internacionales de derechos humanos reconocen plenamente la libertad de acceso a recursos como parte del derecho a la libertad de asociación.
La ONU plantea al presidente que fomente una discusión pública, plural y multisectorial para tratar el caso, instando a miembros de la sociedad civil afectados por el proyecto a participar.
Finalmente, sugirieron crear una regulación que promueva las actividades de las organizaciones no gubernamentales, asegurando transparencia y cumplimiento legal. También alentaron al presidente a reconocer la contribución de estas organizaciones en la defensa de los derechos humanos y en el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia.
