El convenio firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para integrar los servicios de salud en aproximadamente 40 establecimientos, enfrenta oposición entre los asegurados del seguro social, quienes consideran que el acuerdo es ilegal.
Según la directora de Planificación del IPS, Patricia Giménez, el convenio data del 2002 y no incluye la integración de farmacias destinadas a los asegurados del IPS. Además, señaló que la integración se realizará en sitios puntuales y que el IPS tiene solo 126 servicios en el país, mientras que Salud Pública cuenta con 1.500 establecimientos.
Por su parte, Pedro Halley, presidente de la Unión Nacional de Asegurados, considera que el convenio es inconstitucional y que modificaría una norma legal por una administrativa.
Halley afirmó que la medida repercutiría en el colapso del sistema y que el asegurado, que ya recibe un mal servicio, se vería aún más afectado.
Cabe destacar que, en el marco de este convenio, ya se han realizado algunos procedimientos médicos en el IPS Coronel Bogado, como una nefrectomía izquierda abierta y dos prostatectomías abiertas a pacientes remitidos por Salud Pública.
