La Contraloría General de la República (CGR) confirmó el cierre de las verificaciones al contrato fallido entre Petropar y la empresa AP SA de Andrea Lafarja, para la compra de gasoil por más de US$ 51 millones, sin ahondar en los indicios de corrupción denunciados.
El ente de control justificó su decisión argumentando que el caso se judicializó tras la demanda interpuesta por Petropar a la empresa de Lafarja en diciembre de 2023. Según la CGR, al judicializarse el caso, la responsabilidad recae sobre el ámbito judicial y ellos no pueden continuar con la investigación.
Cabe destacar que la verificación de la CGR estuvo a cargo de la Dirección de Contrataciones, dirigida por Paul Ojeda, quien se rehusó a comentar sobre el trabajo realizado.
El contrato con la empresa AP SA fue cancelado en noviembre de 2023, lo que motivó el pedido de informe por parte de la CGR a Petropar. Tras analizar los documentos y al ser informados de la judicialización por parte de Petropar, la Contraloría decidió cerrar el caso.
Es importante mencionar que la demanda de Petropar a AP SA busca cobrar la garantía de US$ 1,5 millones por la fallida compra de gasoil. Sin embargo, desde febrero de este año, la estatal no ha realizado las gestiones necesarias para que el juicio avance.
Esta decisión de la Contraloría ha generado críticas por parte de sectores de la ciudadanía que cuestionan la falta de investigación de los indicios de corrupción en este caso.