Hoy se llevó a cabo una audiencia pública propulsada por la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y la Defensoría del Pueblo para tratar el proyecto de ley sobre las disposiciones que garantizan el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar.
En ese contexto, la directora de Conciencia de la Defensoría del Pueblo, Giselle Rivas, señaló que, mediante el estudio exhaustivo de la normativa realizado años atrás, concluyeron que hay varios “obstáculos” que interfieren en el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia.
“La actual ley coloca muchos condicionamientos, mucha burocracia encarece los servicios públicos, entonces en ese sentido aparte de reconocer las garantías para el ejercicio del derecho, buscamos descomprimir los procesos burocráticos”, mencionó.
Explicó que la declaración de objeción de conciencia puede convertirse en un proceso de entre 1 a 2 años de duración para una persona afectada por la obligatoriedad del servicio militar. En esto interviene el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, el cual debe dar su autorización a cada trámite.
“En el proyecto pretendemos garantizar el ejercicio del derecho y que la declaración de objeción de conciencia sea válida por sí misma. Entonces la simple declaración es válida, se elimina la necesidad que el consejo haga una investigación de la opción de esa persona, que declare cuál es el motivo por el cual presenta su declaración de conciencia”, detalló.
