El viernes por la mañana, varios usuarios del transporte público, específicamente de colectivos pertenecientes al Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), se toparon con un inesperado comunicado en los vehículos.
El mensaje refleja claramente un “lavado de manos” por parte de los empresarios sobre la calidad del servicio brindado, desviando la responsabilidad hacia los pasajeros, quienes son los principales afectados por el sistema.
La imagen evidencia la doble agresión que sufren los usuarios de estas empresas. Estos deben soportar buses en mal estado, largas esperas y viajes abarrotados, y además, se ven envueltos en las disputas del sector con el Gobierno por el aumento de los subsidios.
Fotografías enviadas por pasajeros de la empresa La Sanlorenzana muestran una calcomanía pegada al costado de la puerta de acceso a los buses, en la que los empresarios se desligan de la responsabilidad de la calidad del servicio.
“Los transportistas no fijan ni el valor de los pasajes ni el monto de los subsidios. Ambas cosas las hace el Estado a través del MOPC y este es el responsable del deterioro de los servicios,” dice textualmente el mensaje.
La situación refleja un conflicto latente entre el sector del transporte y el Gobierno, centrado principalmente en la fijación de tarifas y el monto de los subsidios que debe recibir el sector.
El mensaje en los colectivos parece ser una respuesta directa al estado actual del transporte, marcando una postura clara de los transportistas sobre quién consideran responsable del servicio deficiente.
Opiniones divididas
El mensaje ha generado diversas opiniones entre los pasajeros y observadores. Algunos consideran esta postura como una falta de responsabilidad por parte de los transportistas, mientras que otros creen que puede haber una cuota de verdad en las quejas sobre la influencia estatal en las tarifas y subsidios.
Independientemente del punto de vista, la realidad muestra un sistema de transporte con serias deficiencias que afectan diariamente a miles de usuarios. La disputa entre Cetrapam y el Estado resalta la necesidad de buscar soluciones efectivas para mejorar un servicio público esencial.
