El veto del presidente Santiago Peña a un proyecto de ley que buscaba eliminar el requisito del certificado de cumplimiento tributario para obtener un pasaporte generó un debate entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Según el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley pondría en riesgo la equidad social en materia tributaria y la eficiencia de los mecanismos de percepción y control del cumplimiento tributario. Sin embargo, el diputado Meza sostuvo que el proyecto fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara Baja con el objetivo de brindar justicia a los ciudadanos que, por tener alguna deuda con el fisco, se ven privados de obtener un pasaporte.
Meza destacó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios cuenta con otras herramientas para recaudar impuestos, sin la necesidad de negar un documento de identidad a los ciudadanos que buscan oportunidades fuera del país. Además, enfatizó que no se puede supeditar un derecho fundamental a cuestiones de recaudación tributaria.
Por otro lado, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, defendió la postura del Poder Ejecutivo, señalando que la coacción o presión ejercida sobre las personas permite el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias. Argumentó que, sin mecanismos para obligar a los ciudadanos a pagar, simplemente no lo harían, como ocurre en los municipios con altos índices de morosidad.
Con el veto presidencial, el proyecto de ley fue devuelto al Congreso, donde las Cámaras deberán votar para levantar el veto y ratificarse en su posición inicial o aprobar la decisión del presidente Peña.
