La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPy) presentó este jueves una nota a la Fiscalía General del Estado (FGE) pidiendo la apertura de una investigación penal contra el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia y sus consejeros, por presuntas irregularidades durante su gestión.
Además solicitan medidas como el embargo de sus bienes y cuentas, su prisión preventiva y la prohibición de salir del país del extitular de la previsional.
La Contraloría General de la República (CGR) descubrió en una reciente auditoría un presunto daño patrimonial que asciende a aproximadamente USD 160 millones, así como montos millonarios que no contarían con respaldo documental.
También son acusados los exmiembros del Consejo de Administración de la gestión de Bataglia: Ricardo Oviedo, exconsejero representante del Ministerio de Salud pública; Roberto Brítez, exconsejero representante de Jubilados y Pensionados y Ludia Silvera, exconsejera representante del Ministerio de Trabajo.
“Nuestra petición se basa concretamente en urgir a la Fiscalía General que acelere los procesos de apertura de la carpeta de investigación, de designación de fiscales y eventualmente, aunque parezca prematuro, dictar las medidas de precaución que sea necesarias sobre los eventuales responsables, que constan el informe en la Contraloría General”, refirió en representación de los jubilados el abogado Pedro Halley.
