El contralor general, Camilo Benítez, lamentó la falta de efectividad del Ministerio Público en lo que respecta a la persecución penal de las causas de presuntos daños patrimoniales, declaraciones falsas y enriquecimiento ilícito.
El titular de la Contraloría General de la República señaló que, de las auditorías culminadas, hay algunas que se remiten a la Dirección de Auditoría Forense que evalúa si hay posibles causales penales. Si se viola alguna norma punible, esto se remite a la Fiscalía, por dictamen jurídico.
“De las 92 entidades denunciadas, no creo que se llegue a 10 con persecución penal. Hay una enorme falta de efectividad”, expuso el funcionario.
Benítez enfatizó en la necesidad de modificar el sistema de control implementado en el país, apostando a la tecnología: “Este sistema, que es muy tradicional, es una práctica que debe ser complementado con otro sistema preventivo. Me da la sensación que llegamos tarde ya, solo para castigar. En otros países se hacen controles preventivos que detectan alarmas de riesgo antes de que se ejecute el presupuesto”, explicó.
