La abogada especialista en Derechos Humanos, Diana Vargas, denunció este martes al defensor del Pueblo, Miguel Godoy, por el aparente delito de exacción (exigencia de pago ilegal). Cuya expectativa de pena establecida en el Código Penal es de hasta 10 años de prisión.
La acusación fue presentada ante el Ministerio Público y señala que supuestamente Godoy se aprovechó de la ignorancia y la desesperación de personas que deben presentar el certificado de objetor para acceder a un puesto de trabajo y otras gestiones.
Según la representante legal, el defensor del Pueblo “ha hecho una interpretación antojadiza del artículo 21 de la Ley 4013/10 que reglamenta la objeción de conciencia, con el único fin de recaudar ilegalmente”. Además, reveló que, durante la pandemia, el mismo se dedicó a recaudar en colonias menonitas y en el presente año notificó a empresas que sus empleados debían presentar el carnet de objetor, en caso de no haber realizado el Servicio Militar Obligatorio (SMO) y la supuesta obligación de pagar una “contribución”.
Dicho estatuto rige únicamente para quienes se declararon objetores antes de la entrada en vigencia de la referida ley, en junio de 2010.
