El día de hoy la Sala Constitucional del Poder Judicial hizo lugar a la suspensión de los efectos de los artículos de la Ley 6763, que instala el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de fondos de las Entidades Binacionales, Itaipú y Yacyretá.
En este caso la Contraloría General no podrá ejercer auditoría.
Las binacionales no demostraron cuentas sobre el uso que se les dio a los fondos del año pasado, pese a que la ley señala los siguiente: “El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, remitirá un informe bimestral detallado a la Contraloría General de la República y a la Comisión Bicameral del Congreso, de carácter transitorio, para el control de los recursos”.
Ahora la pregunta es si en realidad irán los gastos sociales de este año exclusivamente para salud, según la ley aprobada en el 2021, o el temor de todos, malgastarán en internas partidarias de este año.
