El Ministerio de Justicia adoptó una serie de medidas ante los hechos ocurridos en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Entre las que se destaca; la creación de una comisión para controlar la existencia de celdas individuales lujosas y el nombramiento de Cristian Ortiz, en carácter de director interino penitenciario.
A través de un comunicado, la cartera de Estado informó que ha adoptado una serie medidas en el marco de los últimos hechos ocurridos en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero. En ese contexto, se dispuso la creación de una “Comisión de Verificación de Establecimientos Penitenciarios”.
El mismo será el encargado de realizar el control en todas las penitenciarías del país en cuanto a la distribución de los espacios, la existencia de celdas individuales lujosas y equipos de networking y telecomunicación; en el marco de un plan de redistribución racional y equitativa a ser aplicado en todo el sistema penitenciario.
Igualmente ordenó la intervención de la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción a fin de determinar eventuales omisiones o irregularidades en cuanto a las atribuciones y obligaciones de dicha dependencia.
Durante el tiempo que dure el proceso se verificarán las denuncias recibidas y la tramitación de estas, además de las actuaciones de oficio realizadas por esta dependencia, a fin de adoptar las medidas tendientes a optimizar su funcionamiento.
A su vez, fue designado Cristian Ortiz, en carácter de director general interino de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y en ese sentido, fue separado del cargo el señor Antonio Bazán, entre tanto sean deslindadas las responsabilidades respectivas.
El Ministerio de Justicia reafirma su compromiso de depurar el talento humano del sistema penitenciario y en ese marco, esta administración ha sumariado a 102 funcionarios, con sus correspondientes sanciones. En el caso del personal contratado que ha incurrido en faltas a sus deberes, no se ha renovado contrato de 111 personas en el 2020, y 53 en el 2021.
En esa misma línea, afirma que la actual administración se encuentra apostando a la profesionalización y a la dignificación de la labor de los agentes penitenciarios, en el marco de un proceso con desafíos y obstáculos, que son abordados institucionalmente.
