El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, refirió que la compra o ejecución de dinero público no debería realizarse mediante organizaciones sin fines de lucro, ya que los procesos mediante estas no se rigen bajo un sistema de control.
El Consejo de Salud del Departamento Central, que es presidido por el gobernador Hugo Javier González, adquirió mobiliario y portasueros para hospitales por más de G. 593.000.000. Lo llamativo de la compra es que en la factura de la empresa contratada figura el nombre de una metalúrgica, pero la dirección brindada dirige a un taller mecánico que trabaja con vehículos de gran porte.
Esta nueva situación aparentemente irregular se suma a la denuncia de concejales departamentales de que la administración de la Gobernación de Central utilizó facturas clonadas en la rendición de cuentas de un fondo que otorgó a una organización sin fines de lucro y que tenía como objetivo la reactivación económica. Hugo Javier se había deslindado de la responsabilidad alegando que la ONG era la que cometió la irregularidad.
Así también, el gobernador manifestó que decidió ejecutar el fondo mediante la organización no gubernamental teniendo en cuenta que el mecanismo de la licitación vía Contrataciones resulta muy lento para el objetivo que tenía el fondo en cuestión.
Al respecto, Seitz indicó que “no debería” realizarse compras públicas mediante figuras similares a una ONG, considerando que no se rigen bajo mecanismos de control. Así también, refirió que resulta riesgosa la entrega de dinero del Estado a través del rubro 800, que considera que es utilizado para evadir las fiscalizaciones.
En ese sentido, indicó que el mecanismo para evitar irregularidades es la compra mediante Contrataciones Públicas. “Todo lo que sea utilización de dinero público para la adquisición de bienes, contratación de obras o servicio para el Estado deben ser ejecutados a través de la ley de Contrataciones Públicas. Ese es el canal natural”, sostuvo.
Igualmente, señaló que, si las instituciones alegan que la normativa de Contrataciones ralentiza los procesos de adquisición, no tendrían problemas en plantear modificaciones a la ley para acelerar las licitaciones. “La parte normativa se ajusta a pedidos de compradoras públicas. Cuando no se quiebra la transparencia, el control se puede modificar”, sostuvo.
Además, indicó que existen los mecanismos transparentes y rápidos para realizar las compras públicas mediante Contrataciones. “Si tenés limitado y justificación para tener que terminar todo en ese tiempo, podés utilizar la contratación por vía de la excepción. La misma ley de Contrataciones tiene la vía rápida. Con la pandemia tenés más herramientas ágiles para contratar: tenés la posibilidad de hacer transparentemente con competencia con dos vías de difusión. Herramientas para comprar rápido sobran”, expresó.
No obstante, Seitz resaltó que, por más que exista la forma de evadir los controles, las instituciones tendrían que ser conscientes de que la forma correcta de entregar dinero público es mediante las licitaciones de Contrataciones. Asimismo, refirió que le resulta conveniente plantear la prohibición de las compras por vía del rubro 800 a través de una ley.
Acotó que ya hubo discusiones similares con el Congreso, pero no se tocó la prohibición de compra o entrega de dinero público mediante el rubro 800.
El director también indicó que Contrataciones no puede hacer nada respecto a este “negocio jurídico”. Además, refirió que si se hubiese hecho la compra mediante la DNCP previamente ya se habría alertado de las posibles irregularidades.
Patria Querida pidió informe a la Gobernación
La bancada del Partido Patria Querida (PQ) de la Cámara de Diputados presentó un pedido de informes a la Gobernación de Central sobre el dinero transferido a las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, conocidas como ONG, atendiendo a que estas supuestamente emitieron facturas falsas para justificar gastos de la institución.
