Las nuevas medidas establecidas en el proyecto de Ley de Consolidación Económica y Contención Social pretenden seguir atendiendo a diferentes sectores como los de mipymes, gastronómico, eventos, turismo, hoteles, servicios, entre otros, afirmó el viceministro de Economía, Iván Haas.
El subsecretario precisó hoy que el referido proyecto engloba 365 millones de dólares. Detalló que 250 millones de dólares corresponde a un aporte del Fondo Monetario Internacional (FMI), 90 millones de dólares proviene de una reasignación del Presupuesto General de la Nación (PGN) y 25 millones de dólares de deuda, que se destinará al Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy).
Entre las nuevas medidas, citó 45 millones de dólares adicionales para el Instituto de Previsión Social (IPS), de tal manera que los trabajadores suspendidos puedan continuar recibiendo el subsidio. También 25 millones de dólares más para el Fogapy, con el fin de que el fondo pueda seguir otorgando garantías a créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y todos los sectores que requieran.
De igual forma, resaltó el subsidio del 50% de los servicios básicos dirigido a los sectores de gastronomía, eventos, turismo, hoteles y servicios. Añadió que esto demandará un presupuesto de alrededor de 8 millones de dólares. Asimismo, se establece un nuevo subsidio dirigido a aquellos trabajadores que operan en los sectores mencionados, pero que no son cotizantes del IPS.
Por otra parte, el viceministro Haas mencionó que están previstos 3 millones de dólares para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que se podría traducir en kits de alimentos o potenciales subsidios para pequeños sectores focalizados.
Además, dijo que se prevé la creación fideicomiso de 20 millones de dólares para el otorgamiento directo de créditos a Mipymes y será administrado por el Banco Nacional de Fomento (BNF), teniendo en cuenta que muchas de ellas no tienen acceso al crédito por parte de la banca pública y de la privada.
Por último, el subsecretario señaló que esto tiene un fuerte componente de contención del gasto público, con la prohibición de llamados de adjudicación para provisión de servicio de catering, prohibición de adquisición de vehículos, suspensión de todo tipo de aumentos salariales, así como del programa de desprecarización salarial y retiro voluntario, entre otros.
