Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, dijo que no existe un conflicto de intereses en la intervención de un abogado de su estudio jurídico, que salvó a una importadora de vehículos de pagar tributos y multa en Aduanas. Refirió que la resolución inicial fue revertida debido a razones jurídicas y no por la mediación de un profesional de su estudio.
Villamayor explicó que no existe impedimento legal para que el abogado de su estudio jurídico pueda litigar contra una institución estatal, pese a que Ramírez González es inclusive miembro suplente del Consejo de la Magistratura. “Si una empresa contrató a un abogado privado, que no tiene ninguna incompatibilidad, entonces, a mí me parece correcto”, manifestó.
El caso es que Aduanas abrió un sumario a la firma Censu S.A., tras detectarse posibles irregularidades cometidas en el proceso de importación de vehículos. Al detectarse el caso, se decidió sancionar a la empresa por defraudación, por lo que debía pagar –en concepto de tributos no ingresados y multas- G. 22.596.
Refirió que los estudios jurídicos de otros funcionarios del Estado siguen operando, pese a que sus representantes tienen vínculos con el Gobierno. “¿Los representantes del Consejo de la Magistratura cierran sus estudios jurídicos cuando están representando? No. Entonces, ¿por qué es pecado en mi estudio lo que nos es pecado en ningún estudio jurídico?, expresó.
