La fiscal María Luján Estigarribia allanó el 31 de diciembre la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal en busca de documentos que demostrarían que pagaron irregularmente viáticos para viajes al interior del país durante la pandemia. Según el asesor jurídico de la Caja, el daño patrimonial llegaría a unos G. 750 millones.
“La Caja se sustenta de los aportes que realizan las municipalidades del país del descuento del 10% del salario de sus funciones. Sin embargo, los directivos de la Caja ni ningún otro funcionario necesitan viajar para obtener los aportes porque para eso están los bancos que pueden realizar las transferencias de dinero. Ademán, los viajes no se habrían realizado, indicó el asesor jurídico Aldo Alvarenga.
La diligencia fiscal fue efectuada porque la Caja Municipal no contestó el oficio de la Fiscalía que solicitó informes acerca del pago de viáticos a funcionarios durante la pandemia, explicó. El letrado dijo que además de la violación de la cuarentena sanitaria, los directivos de la Caja habrían incurrido en delitos como lesión de confianza, falsificación de instrumentos públicos y apropiación.
