El agente Luis Said citó esta mañana a declaración indagatoria al director de Asesoría Jurídica Aldo León, quien planteó y solicitó al Ministerio Público que resuelva una prórroga a fin de que él ejerza su derecho de designar un defensor de su confianza, por lo que fue convocado para el día de mañana. Por otra parte, el jefe de gabinete, José Luis Clerc se abstuvo a prestar declaración.
Explicó el agente Said que el titular Mario Vega sigue con orden de detención. “Todas las personas involucradas en la investigación fueron convocadas para el 27 de octubre por el juez para ser notificadas del acta de imputación y sobre la aplicación de medidas cautelares. Llegada esa fecha, si no se da cumplimiento a esa comparecencia, el Juzgado deberá resolver si corresponde la rebeldía de quienes no comparezcan”, aclaró.
Pedido de coima de 200 mil dólares
Por su parte, el fiscal Rodrigo Estigarribia, quien lleva adelante la investigación por un supuesto pedido de coima de 200 mil dólares, citó también a Aldo León, quien se abstuvo de prestar declaración en la sede Anticorrupción.
Antecedentes de la causa
Los mencionados fiscales realizaron ayer un allanamiento en la sede del Indert, donde incautaron una serie de documentos relacionados a dos investigaciones penales.
El fiscal Said reveló que el titular del Indert Mario Vega, el asesor jurídico y el director de gabinete fueron imputados por varios hechos punibles.
Fueron imputados y cuentan con orden de detención el titular del Indert Mario Vega Mereles; el jefe de gabinete, José Luis Clerc; el director de Asesoría Jurídica Aldo León y el exdirector de Administración y Finanzas Diego de los Ríos. Asimismo, Pedro Benítez y Zulema de Benítez, representantes de la fundación Cerro Lambaré (Fucela). Ayer se concretó la detención de dos de ellos durante el procedimiento, José Clerc y Aldo León.
Los hechos punibles investigados por el fiscal Luis Said son Cohecho Pasivo Agravado, Lesión de Confianza, Cobro Indebido de Honorarios, Soborno Agravado y Asociación Criminal.
Además de la imputación presentada, el agente fiscal interviniente solicitó la detención de las seis personas involucradas en las investigaciones que llevan adelante.
Perjuicio de 300 millones al estado paraguayo por el pago sin autorización de la Junta
Por su parte, el agente Luis Said, que investiga el presunto pedido de 25 mil dólares para desembolsos por parte de Fucela. “El convenio es desde el 2016, donde se dio un primer desembolso de 439 millones de guaranies, 50% para la construcción de pozos artesianos en asentamientos. Tras ello se dio una seguidilla de solicitudes por la Fundación la Junta Asesora denegó los pedidos para acceder a la segunda transferencia, solicitudes los que denegó en varias ocasiones. Sin embargo, intervino la Asesoría Jurídica del Indert, para impulsar fuera de sus atribuciones la concrecion del segundo desembolso consistente en 300 millones de guaraníes, pago parcial”, dijo el representante fiscal.
Cobro Indebido de Honorarios por parte del titular del Indert
El fiscal comentó que además de lo mencionado, verificaron que el Presidente del Indert cobró bonificaciones, que no le corresponden siendo que en su carácter de titular no puede percibir dicha remuneración. “Cobra un monto fijo desde que asumió en octubre del año pasado. Primeramente cerca de siete millones de guaraníes, luego en diciembre aumentó el monto a 12.400.000 guaraníes mensual, explicaron, por lo cual también será procesado.
El fiscal mencionó que entre otros hechos investigados se detectó el uso discrecional de dineros de fondos fijos (caja chica) causando igualmente un daño patrimonial a la institución.
Soborno de 200 mil dólares
El fiscal Rodrigo Estigarribia lleva adelante la segunda investigación un supuesto pedido de dinero a cambio de un trámite para la adjudicación de un inmueble ubicado en el Chaco paraguayo. “Son 4 expedientes de 4 mil hectáreas cada uno, un total de 16 mil hectáreas. Tenemos la sospecha que se solicitó la suma de 200 mil dólares para hacer efectivo y solucionar los conflictos de las personas de la zona. Si bien no se llegó a recibir el dinero, de igual manera tiene relevancia penal”, explicó.
El procedimiento se realizó conjuntamente con la Policía Nacional de Delitos Económicos y Financieros.
