Ayer, se hizo efectiva una denuncia ante el Ministerio Público presentada por un grupo de diputados que asegura que existió una supuesta sobrefacturación de ventiladores pulmonares, adquiridos por el Ministerio de Salud, con base en un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Los diputados Rocío Vallejo, Kattya González, Celeste Amarilla, Norma Camacho, Sebastián García, Sebastián Villarejo, Carlos Rejala, Tito Ibarrola y Jorge Brítez, explicaron que dicho contrato se habría hecho por vía de la excepción del 16 de abril de este año, en el marco de la pandemia del coronavirus, que tuvo como empresa adjudicada a Dysa Healthcare SA, por valor de G 8.115.800.000 para la adquisición de ventiladores pulmonares.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen en el que señala varias observaciones, algunas que podrían tener consecuencias penales y que deben ser analizadas por el Ministerio Público, en el marco de la pandemia del coronavirus.
El informe señala que el proceso se observa la celeridad del contrato, siendo que los oferentes solo tuvieron cinco horas que pueden ser consideradas hábiles para presentar las ofertas.
Asimismo, el documento menciona que llama la atención la premura para realizar el llamado y el plazo dado para la presentación de las ofertas, en el marco de una contratación de más de G. 8.000 millones.
En otra parte, indica que los insumos fueron entregados cinco días posteriores a la firma del contrato, pero al pasar los días, los equipos ni siquiera habían sido instalados, por lo que se evidencia que no había un nivel de urgencia.
“El plazo otorgado a los invitados para la preparación y presentación de las ofertas para un llamado cuyo objeto es el requerimiento de equipos de alta complejidad (ventiladores pulmonares) no es razonable”, reza parte de la auditoría.
En cuanto al precio referencial fijado, el mismo detallaba G. 220 millones por cada ventilador, cuando la compra fija como referencia tenía el precio unitario de G. 169 millones.
