Paraguay ocupa el primer lugar en embarazo de niñas y adolescentes en el Cono Sur. Los departamentos con más casos de niñas embarazadas son Caaguazú, Alto Paraná y Central, según datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La problemática golpea con mayor fuerza a las comunidades indígenas, donde dos de cada 20 niñas tienen el primer hijo antes de cumplir 15 años.
Las uniones tempranas son una práctica aún arraigada y, a veces, consentida por los progenitores y demás adultos de la familia, pese a que existen leyes que determinan que los hombres a quienes se atribuye ser parejas de menores de 14 años pueden ser imputados por abuso sexual y que todas las personas que no hayan cumplido los 18 años no podrán casarse legalmente, con excepciones a partir de los 16 años.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, 2017), 45.547 jóvenes entre 13 y 19 años están unidas o en matrimonio. La situación se da con mayor frecuencia en zonas rurales que en áreas urbanas. Estas niñas y adolescentes pronto se convierten en madres, dejan de estudiar y viven subordinadas a sus parejas, que son mayores en el 85% de los casos.
Los casos de embarazo y muertes en parto de niñas y adolescente son el resultado de la vulneración del derecho a la vida y de otros derechos, como el derecho a la educación sexual integral y a la salud sexual y reproductiva, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a decidir con quién y cuándo conformar una familia, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo integral y a una vida de calidad.
El embarazo adolescente es también consecuencia de la vulneración del derecho a la protección contra la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación, responsabilidad que, según la Constitución Nacional, recae en la familia, la sociedad y el estado. Pero muchas niñas no son protegidas por su familia, ni por su comunidad.
Pobreza y violencia: las consecuencias
El riesgo de abandono escolar es mayor en las niñas y adolescentes embarazadas, y con eso se perpetúa en ellas el círculo de pobreza y de violencia. Las consecuencias también llegan a los hijos de estas niñas, pues tienen bajo peso al nacer y un mayor riesgo de morir durante el primer año de vida.
¿Qué se debe hacer?
Ñañangareko propone informar, educar a niñas, niños, adolescentes y sus familias y a denunciar el abuso sexual. Insta a la ciudadanía a asumir su responsabilidad y denunciar cualquier caso de abuso en las líneas 911 de la Policía Nacional o al 147 (Fono ayuda).
El personal de salud está comprometido a seguir la Guía de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (vigente desde el 2016) en los servicios de salud, para dar una atención inmediata a cualquier niña, niño o adolescente con signos de violencia o abuso, incluso sin estar acompañados de una persona adulta (madre, padre, tutores o encargados).
La campaña Ñañangareko es llevada adelante por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con la cooperación del Gobierno de la India.
