En el marco de un juicio sucesorio, la fiscala Karina Liz Caballero explicó los detalles y cómo se fueron dando los hechos para imputar a uno de los herederos, que en este caso es el empresario y vicepresidente da APF Javier Díaz de Vivar y a sus hermanas Cristina Victoria y María Esther, a quienes se les acusa de haber presentado en dicho juicio un documento, supuestamente, con la firma de su padre falsificada.
Ante la consulta de por qué fue recusada en la causa penal que se abrió en consecuencia del uso de estos documentos, manifestó que se interiorizará del contenido de la recusación y responderá como corresponde.
Para entrar en contexto, la imputación indica que Javier Díaz de Vivar presentó ante el juez, que tramitaba la sucesión de los bienes de su padre, unas acciones de la referida empresa y que correspondían a su madre, solicitando que se imponga una medida de no innovar para evitar la venta de las mismas, pero lo habría hecho arrimando un documento con la firma supuestamente falsificada de Gustavo Díaz de Vivar.
“Me gustaría explicar que la producción de documentos no auténticos dentro de Art. 246 del Código Penal tiene dos modalidades, una es realización de la falsificación, y, la otra es el uso de un documento con esas características, es decir, apócrifo. Uno debe describir muy bien los hechos que se le atribuye a alguien, para que esa persona se pueda defender. Ahora estamos en etapa de investigación neta, luego en un juicio oral y público se tiene que demostrar si existió o no”, subrayó.
Así, su hermano Gustavo Antonio Díaz de Vivar en representación de su madre, María del Pilar de Díaz de Vivar, presentó la denuncia por presunta falsificación de firmas en actas de la empresa Castilla S.A. con el presunto fin de impedir la venta de acciones.
En ese sentido, la fiscala detalló cómo se fundó la imputación: “Cuando tomo conocimiento de una denuncia mínimamente tengo que recolectar primero los documentos que tengan cierto peso, uno no puede imputar por una simple denuncia. Por eso, la ley exige elementos de sospecha suficientes, y para mí la pericia caligráfica fue suficiente, ya que es un estudio científico con tecnología específica para esos casos. El ministerio forense tiene el instrumental adecuado, que ni siquiera tienen otros peritos, sin desmeritarlos”.
Hasta la fecha, se realizaron dos pericias caligráficas en las que se concluyeron que las firmas atribuidas al denunciante fueron falsificadas. Aun queda por dictaminar el perito de la parte denunciada.
Por último, explicó que la persona que llevó el escrito de recusación y se identificó como parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es el Abog. Artemio Vera. Ahora, la fiscala tiene que responder el escrito y elaborar un descargo sobre cada uno de los puntos que ellos alegan como causal de recusación. “Acabo de recibir el contenido de esa recusación y voy a estar respondiendo en estos días, como corresponde”, concluyó
