El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había solicitado a un tribunal de arbitraje internacional, al que recurrió la empresa portuguesa Mota Engil, encargada del proyecto del Metrobús, la ejecución de la garantía del contrato. Sin embargo, este tribunal, por segunda vez, ordenó a la institución que desista de la ejecución de la garantía del fallido proyecto, al menos hasta que se resuelva en otro juicio si Mota Engil incumplió o no.
A través de la orden procesal N° 5, el colegiado resolvió por unanimidad, el 30 de junio pasado, que el MOPC suspenda la ejecución de las pólizas, tanto de Royal Seguros como del Banco Itaú, y que “informe a dichas entidades que las ejecuciones de las garantías se encuentran desistidas y sin efecto irrevocable”.
El MOPC había requerido a Royal la garantía tras finalizar el contrato con Mota Engil, justamente porque la compañía europea se negó a prorrogar la garantía de fiel cumplimiento del contrato –que ahora se reclama–, y además no quiso reparar los defectos que se detectaron en el tramo 3 del Metrobús (ruta Mariscal Estigarribia). Estos hechos fueron considerados por el MOPC como incumplimientos y causales para la terminación del contrato.
El MOPC ya reclamó las dos pólizas mencionadas hace cuatro meses (por unos US$ 13 millones), que son por la garantía de fiel cumplimiento (de Royal Seguros por US$ 6,4 millones) y por el anticipo (del Banco Itaú por US$ 6,6 millones). Solo Royal Seguros realizó un pago por consignación (en una cuenta judicial), que hasta la fecha no se resolvía.
Este tribunal dio tiempo hasta el miércoles 15 de julio a la Procuraduría General de la República (PGR), representante del MOPC, para que comunique con prueba documental la suspensión de la ejecución de las garantías. Como antecedente, en mayo, este arbitral internacional ya resolvió que el Estado se abstenga de ejecutar las pólizas del fallido proyecto, pero el MOPC pidió una rectificación de la decisión.
Sin embargo, el colegiado se ratificó en su postura inicial, reafirmando los puntos resueltos en las órdenes procesales N° 1 y 3.También exigió a Mota Engil a que emita una garantía del arbitraje a favor del MOPC por un monto que será determinado y que tenga vigencia hasta la duración del juicio. Asimismo, se pidió a Obras Públicas que informe sobre la estimación de la cartera en concepto de los daños “que alega haber sufrido como consecuencia de los supuestos incumplimientos del contrato por parte de Mota Engil”.
“Vamos a pelear hasta obtener un resultado definitivo y vamos a pelear para que sea aplicable. No desconocemos bajo ningún punto al tribunal, pero si nos dictan medidas que no podemos cumplir no nos queda otra que seguir recurriendo hasta agotar las instancias”, dijo Sergio Coscia.
El MOPC desembolsó USD 30 millones a Mota Engil, empresa que no terminó ni el 30 % de lo proyectado en el metrobús, y en el arbitraje internacional solicitó otros USd 25 millones más por los supuestos “daños” que le causó la obra, por los atrasos en la liberación de la franja de dominio. Los tramos 2 y 3 se adjudicó a Mota por USD 54 millones, en febrero del 2016 (G. 300.417 millones), pero se incrementó 35 %, a través de una adenda, llegando a USD 72,7 millones (G. 403.900 millones).
