En un operativo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Ministerio Público, fue intervenida una propiedad ubicada en la compañía Guazú Kue, en los límites de la Reserva para Parque San Rafael, en el lugar se pudo constatar el desmonte y quema de un área boscosa natural que afectó alrededor de 30 ha, todo esto para la fabricación de carbón vegetal. En las cercanías detuvieron, además, a un tractor que transportaba unas 200 bolsas de carbón vegetal, presumiblemente de especies nativas. Los responsables quedaron a disposición de la comisaría local.
Tal como indica el informe remitido por los fiscalizadores del MADES, el desmonte y la quema del área boscosa causó la alteración del equilibrio ecológico y afectando el hábitat natural de varias especies en los límites de la mencionada área protegida. Dentro del predio allanado encontraron cinco hornos para producción de carbón, los que fueron destruidos. Asimismo, se encontraron seis rollos de especies nativas, en el lugar existe una naciente de agua, la que era utilizada en el proceso de elaboración del carbón. En la intervención no se encontró a ningún responsable de estos trabajos.
No obstante, todos los antecedentes constatados fueron remitidos a la Dirección de Asesoría Jurídica de dicha cartera de Estado, de manera a iniciar la investigación pertinente y para que los responsables respondan ante el MADES, en virtud a las normativas ambientales vigentes.
Los detenidos por transporte ilegal carbón vegetal
Por otro lado, durante el recorrido por la zona, se procedió a la detención de un tractor de la marca VALMET, color amarillo que transportaba en cachapé, unas 200 bolsas de carbón vegetal, presumiblemente de especies nativas. Las dos personas responsables fueron derivados a la comisaría jurisdiccional de Enramadita (Caazapá) y quedaron a disposición del juez penal de garantías. Tanto el tractor, como los subproductos forestales, quedaron en el predio de dicha comisaría.
Cabe destacar que estos procedimientos se dieron en cumplimiento a la orden de allanamiento emitida por la Unidad Fiscal Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente, de manera conjunta con fiscalizadores y guardaparques del MADES, así como agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional. A instancias del MADES, todos estos hechos serán investigados en virtud a la Ley 352/94 “Áreas Silvestres Protegidas”.
