El Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, decidió expulsar a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del país.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció que se suspenden las actividades de la oficina y se otorga un plazo de 72 horas para que abandonen el país sus 13 funcionarios.
El Gobierno venezolano acusa a la oficina de supuestamente desviarse de su mandato y de actuar como una caja de resonancia para la oposición del país. Esta medida se mantendrá hasta que rectifiquen su actitud, según el Gobierno.
La decisión fue condenada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, que considera que aumenta la desprotección de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
El anuncio de expulsión se produce después de que Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, informara que el 82% de los venezolanos viven en condiciones de pobreza.
