La policía de Nicaragua allanó el pasado viernes la residencia del obispo Rolando Álvarez, deteniéndolo junto con varios otros sacerdotes, debido a tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los arrestos y solicitó la liberación inmediata de los detenidos.
El obispo de Matagalpa es acusado de organizar “grupos violentos” e incitar “a realizar actos de odio contra la población”. Álvarez es una figura religiosa influyente en Nicaragua y anteriormente se mostró a favor de la “democratización del país”, apoyando protestas de opositores al Gobierno.
“¡DIOS MÍO! Que barbaridad, se han llevado a Monseñor Rolando Álvarez, con los sacerdotes que estaban con él (sic)”, lamentó a través de sus redes sociales Edwin Román, párroco nicaragüense exiliado en Estados Unidos.
Denuncian que durante el gobierno de Ortega, se han arrestado a decenas de disidentes, incluyendo siete candidatos a la Presidencia, que fueron condenados a prisión en juicios llamativamente rápidos y cerrados a la opinión pública. En 2018, se realizaron protestas callejeras exigiendo su renuncia, que Ortega calificó como un “intento de golpe”, supuestamente apoyado por la lglesia y países extranjeros.
El politólogo e investigador Manuel Orozco señaló que Ortega ve a Álvarez como una potencial amenaza, ya que el 70% de los nicaragüenses “son muy leales a la Iglesia” y el obispo habría reconocido la opresión que aqueja al país.
