La revuelta social que empezó hace un año dio como resultado que hoy, los chilenos tengan la posibilidad de cambiar la Constitución por medio de una votación en un plebiscito para enterrar o no la Carta Magna heredada de la dictadura, percibida como la base de la desigualdad.
Para los partidarios del Apruebo al cambio constitucional, principalmente en la oposición de izquierda, una nueva Constitución eliminaría el freno fundamental a las reformas sociales profundas, en uno de los países más desiguales de América Latina, que en los últimos 30 años fue uno de los más estables y con mayor prosperidad económica de la región.
Los defensores del Rechazo, que comparten parte de los partidos de la coalición conservadora gobernante, creen que es posible introducir cambios en el texto básico, pero no redactar una nueva Constitución. Para ellos, la estabilidad de Chile está en juego.
La otra alternativa es una “Convención Mixta”, integrada en partes iguales por parlamentarios en ejercicio y miembros electos especialmente para la ocasión.
El gran temor de los partidarios del Rechazo es que “Chile pierda su posición de privilegio en América Latina”, ganada en los 30 años de democracia, y se convierta en “una nueva Venezuela”. Para ellos, no es necesario cambiar una Constitución que le ha dado estabilidad a Chile aunque sí introducirle reformas.
Chile tiene hoy uno de los mayores ingresos per cápita en América Latina (20.000 dólares) y se prevé que sea uno de los países que logre recuperarse más rápido de los efectos económicos de la pandemia. El FMI estima que tras una caída del PIB del 6% este año, en 2021 alcanzaría una expansión de 4,5%.
