Sergio Moro sostuvo que el mandatario desplazó al jefe de la Policía Federal para nombrar en su lugar a una persona que le de informaciones sobre investigaciones a su círculo familiar.
Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó este lunes investigar las acusaciones del exministro de Justicia, Sergio Moro, contra el presidente Jair Bolsonaro, de quien dijo que buscó “interferir” en investigaciones policiales.
En su decisión, el juez Celso de Mello dio un plazo de 60 días para que la Policía Federal (PF) interrogue a Moro, un exjuez identificado con la lucha contra la corrupción, sobre sus explosivas acusaciones tras renunciar el pasado viernes del gobierno.
Moro acusó al mandatario de querer nombrar al mando de la Policía Federal brasileña a una persona afín a la que pudiera “pedirle informaciones, informes de inteligencia” en momentos en que algunas investigaciones se acercan a su círculo familiar.
El día en que renunció, Moro mostró en televisión un chat de Whatsapp con Bolsonaro en el cual el jefe de Estado parece ejercer presiones para el reemplazo del jefe de la PF. Según medios brasileños, el exjuez dispone de grabaciones de discusiones con el mandatario.
Rodeado de todos sus ministros y colaboradores, Bolsonaro negó el viernes las “acusaciones infundadas” de Moro, le reprochó estar movido por su “ego” y por ambiciones personales y aseguró que en una ocasión el exjuez le dijo que aceptaría la destitución del jefe de la PF a cambio de un puesto de juez en el Supremo Tribunal Federal (STF).
El camino hacia un posible juicio político
Las conclusiones, que deben ser entregadas al Fiscal General de la República, Augusto Aras, pueden abrir el camino a un pedido de juicio político contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra Moro.
Según Celso de Mello, “los crímenes supuestamente practicados por el señor Presidente de la República” parecen tener “íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial”, lo que permite la investigación del mandatario.
El documento enumera siete posibles delitos cometidos por Bolsonaro, entre ellos prevaricación y obstrucción a la justicia.
En caso de que el fiscal Aras encuentre elementos que respalden una denuncia formal contra Bolsonaro, corresponderá a la Cámara de Diputados autorizar al STF a llevar a cabo la investigación. Y si esta confirmara las sospechas, corresponderá nuevamente al Congreso abrir un proceso de destitución, con apartamiento del cargo de Bolsonaro.
En 2017, la Fiscalía pidió abrir dos investigaciones contra el entonces presidente Michel Temer, y en ambos casos la solicitud fue rechazada por la Cámara.
Estas tensiones se producen en plena crisis sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus, con fuertes críticas de Bolsonaro a gobernadores que aplican medidas de aislamiento social que a sus ojos paralizan la economía.
Una encuesta publicada este lunes por la noche muestra división de opiniones sobre el futuro de Bolsonaro. Un 45% de los brasileños opina que el Congreso “sí debería” abrir un proceso de “impeachment” contra el mandatario, frente al 48% que opina lo contrario, indica la encuesta de Datafolha, publicada por el diario Folha de Sao Paulo.
