La Fiscalía ha recibido un total de 39 denuncias contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Estas denuncias, presentadas por el abogado Víctor Enríquez en nombre de la Contraloría Ciudadana, también incluyen al concejal Sebastián Martínez.
Los denunciantes alegan que Prieto y Martínez habrían creado subcomisiones vecinales ficticias en diciembre de 2020. El propósito era desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares.
Según las acusaciones, estas subcomisiones estaban integradas por miembros de la misma familia y presentaron facturas y documentos manipulados. “Un grupo familiar, patrocinado por el actual concejal Martínez, solicitó recursos a la municipalidad para la distribución de alimentos y ollas populares. Inmediatamente, la municipalidad emitió dos resoluciones con numeración secuencial, liberó los cheques y en el mismo día las subcomisiones presentaron las facturas de compra de alimentos y la rendición de cuentas”, afirman los denunciantes.
Tras un análisis exhaustivo, se descubrió que todo era un fraude. “Nos dimos cuenta de que el objetivo era sacar G. 311.000.000 de la municipalidad”, añadió el abogado Enríquez. Se constató que las dos subcomisiones estaban conformadas por una misma familia.
Una factura por G. 70 millones pertenece a una empresa vinculada a la subcomisión vecinal. “Por su RUC vimos que en realidad es una empresa que se dedica a la venta de productos de cotillón”, explicó Enríquez.
“Todas las documentaciones analizadas nos llevan a concluir que todo fue un fraude. Para diciembre del 2020 ya no había ollas populares y las fotos presentadas en las rendiciones de cuentas son falsas”, concluyó el abogado.
Miguel Prieto ya ha accionado ante el juez, lo que ha llevado a la suspensión de la audiencia por lesión de confianza.
