La defensa del diputado Tomás Rivas había solicitado al Tribunal de Sentencia posponer el juicio oral contra su defendido presentando documentos de profesionales médicos que certifican el estado de salud del parlamentario.
El abogado Enrique Kronawetter explicó que tenían esperanzas que la Corte decidiera primeramente sobre la acción que plantearon, pero como no lo hizo, se veían en la obligación de informar al Tribunal sobre el estado de salud de Rivas.
Además, Kronawetter solicitó que un médico forense se constituyera junto al procesado, de modo a constatar el estado de salud del mismo, y que no estaba en condiciones para el juzgamiento.
El fiscal de la causa, Luis Piñánez, se allanó al pedido, e incluso ofreció al médico forense del Ministerio Público, para que también examinará al procesado.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Héctor Capurro, Cándida Fleitas y Juan Carlos Zárate, dispuso que el médico forense le examine y que en 24 horas, eleve el informe ante el Tribunal de Sentencia.
El galeno deberá determinar el estado de salud del legislador, si está en condiciones de seguir el juicio oral de manera telemática, o, en caso de que no pueda hacerlo, cuánto tiempo de recuperación tendrá.
Con ello, las partes fueron convocadas para esta mañana, a las 08:00, para que el Tribunal reciba el informe médico, y luego decida si va o no iniciar el juicio oral para el congresista.
El diputado Tomás Rivas será juzgado por supuesta estafa en grado de cómplice, teniendo en cuenta que el cargo de cobro indebido de honorarios ya fue desechado en el juicio oral, y la fiscalía no apeló la resolución.
La causa se inició a raíz de una serie de publicaciones periodísticas de Última Hora del 2017, que corroboraron que los supuestos funcionarios del legislador en el Congreso no prestaban servicio alguno en la sede legislativa, sino en su propiedad y negocios, pero igual cobraban salarios.
Los caseros del diputado, los coprocesados Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero fueron condenados por estafa en un segundo juicio oral, a la pena de 2 años de cárcel, pero con suspensión de la ejecución de la condena. Con ello, no irán presos por la causa.
