Legisladores de la oposición presentaron una denuncia penal contra Itaipú Binacional por supuestas irregularidades en la compra de pupitres de origen chino.
El senador Rafael Filizzola mencionó que se estarían cometiendo delitos como lesión de confianza, estafa, cohecho, soborno, asociación criminal, falsificación de documentos, lavado de dinero y violación de los principios de competitividad por parte de Itaipú.
La compra incluye unos 330.000 juegos de mesas y sillas que serán distribuidos en 22 distritos priorizados. Filizzola aseguró que el Ministerio de Educación y Ciencias había adquirido previamente pupitres con ciertas características y calidad, dejando de lado a la industria nacional. Además, sostuvo que las especificaciones de la compra contravienen los lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
La empresa Kamamya SA, que importó los pupitres, fue la encargada de la operación, cuyo llamado tiene el código NE 1809-24. Filizzola también denunció una posible vinculación entre el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y el dueño de la empresa beneficiada, señalando que el avión del empresario habría sido utilizado durante la campaña electoral. “Esto hace que el caso sea mucho más grave. Estamos hablando de mal uso de los recursos públicos”, aseveró el legislador.
Por su parte, la senadora Celeste Amarilla lamentó que Itaipú “caiga al nivel de cualquier ente menor”. Aseguró que la compra de los pupitres era el resultado de los favores políticos que el empresario chino habría hecho en la campaña electoral. “Obviamente, este es el pago de los favores que ese ciudadano chino les hizo en campaña. Por pasearse en aviones, durante la campaña, ahora nosotros tenemos que pagar el precio de estos pupitres”, acusó.
La senadora también criticó la situación de Itaipú, indicando que “todos saben el modus operandi de los Zacarías” y que la entidad está siendo manejada por un “clan” que podría llegar a apropiarse de los recursos. “Siempre se usó como chiste, pero yo creo que en cualquier momento va a haber una turbina menos. Esto es escandaloso”, ironizó.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez remarcó que la denuncia busca enviar un “mensaje político” a la Fiscalía y al fiscal general. “La gente quiere que se haga justicia, queremos que se investigue, queremos que el Poder Judicial, que la Corte y el fiscal general sean patriotas y hagan lo que tienen que hacer por mandato constitucional”, concluyó.
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