El juez Humberto Otazú se opuso a la solicitud de la Fiscalía para desestimar una denuncia sobre presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS) que habrían causado un daño patrimonial de G. 1.6 billones durante la gestión de Vicente Bataglia.
A pesar de que los fiscales argumentaron que no se confirmaron los hechos, el juez considera que podrían existir elementos que indiquen delitos.
La denuncia original fue presentada hace un año por la senadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez, y se basa en informes de la Contraloría que señalaron irregularidades. Sin embargo, los fiscales sostienen que las discrepancias fueron subsanadas y que no hay evidencia de falta de documentación.
La investigación sigue abierta mientras se espera una auditoría interna que podría esclarecer la situación y cuantificar el daño patrimonial.
