La Itaipú Binacional sigue oponiéndose a que la Contraloría General de la República realice una auditoría financiera sobre el uso de los fondos destinados para los gastos sociales, y mediante una nota dejaron en claro que no facilitarán las documentaciones sobre los gastos sociales, explicó el titular del ente contralor, Camilo Benítez.
“Itaipú oficialmente ha dicho que no va a enviar la documentación requerida”, puntualizó a los medios de prensa luego de una reunión con la mesa directiva del Senado. Mientras que en el caso de Yacyretá, se comprometieron a enviar este lunes los documentos solicitados para la auditoría, expresó.
Sin embargo, dejó en claro que, si obtienen un retorno negativo, presentarán una medida cautelar de urgencia para que obliguen a proveer la información que se necesita y afirmó que confía en que el juez de primera instancia reciba la petición.
“El director de Yacyretá (Nicanor Duarte Frutos) dijo estar abierto a la auditoría y con el director jurídico se han puesto en contacto, van a enviar hoy los documentos”, remarcó el contralor.
Al respecto, el contralor acotó que, una vez que tengan los documentos, analizarán si son suficientes para iniciar con el trabajo.
En otro momento, dijo que la Constitución Nacional establece que Contraloría tiene competencia para fiscalizar las cuentas de las empresas nacionales o multinacionales, donde el Estado paraguayo tenga algún tipo de patrimonio.
La Cámara de Senadores pidió a la Contraloría auditar a las binacionales, pero ambas instituciones no están accediendo.
El Senado otorgó un plazo de 60 días al ente contralor para que efectúe la auditoría financiera sobre los gastos de los fondos socioambientales de las binacionales, los cuales fueron recientemente destinados por el Congreso para Salud.
Para comenzar con la auditoría, la CGR requiere de una serie de documentaciones, como la copia del presupuesto anual aprobado, destinado a la ejecución de los recursos a ser aplicados a gastos sociales del periodo 2019 al 2020.
Así también, la copia de la norma que autoriza cada una de las transferencias de recursos sociales si hubiere, solicita la copia del reglamento aprobado para la utilización de los recursos sociales, la copia de la ejecución presupuestaria mensual del periodo referido.
Igualmente, se solicita la copia de las directrices presupuestarias para el periodo comprendido entre el 2019 y el 2020, entre otros.
