Dos empleados del Banco Nacional de Fomento (BNF), sucursal Repatriación, fueron procesados dentro de una investigación sobre el manejo irregular y desvío de fondos de indemnizaciones otorgadas por la ANDE a dos familias de bajos recursos en Caaguazú.
Este lunes, la fiscala Norma Salinas confirmó las imputaciones, señalando que los implicados habrían participado en el cobro indebido de G. 725 millones destinados a estas familias.
Hasta el momento, seis personas están bajo proceso, enfrentando acusaciones de estafa y apropiación. Entre los principales sospechosos figuran la ex funcionaria pública Anadelia Acosta Armoa y el abogado Darío Aquiles Flores, además de otras personas cercanas a ellos.
Además, se ha presentado una nueva acusación por la falsificación de documentos, los cuales habrían sido usados para cobrar los cheques emitidos por la empresa estatal.
El primer desembolso fraudulento, de G. 400 millones, ocurrió el 11 de septiembre, y el segundo por el mismo valor el 26 de septiembre. De este total, las familias recibieron únicamente G. 75 millones.
Posteriormente, Acosta Armoa acordó con las víctimas devolver G. 300 millones a cada familia en concepto de reparación del daño.
