La fiscal anticorrupción Belinda Bobadilla imputó a tres agentes de la SENAD y a una funcionaria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) por extorsión y cohecho pasivo agravado.
El Ministerio Público informó que los imputados habrían solicitado grandes cantidades de dinero al dueño de una farmacia en Curuguaty para la tramitación de documentos y permisos en la dependencia sanitaria del Ministerio de Salud.
Los acusados realizaron una inspección, que aparentemente no estaba autorizada, en el establecimiento “Quimic Brillo” en Curuguaty, Canindeyú. Durante la visita, encontraron productos químicos, como ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, debidamente documentados, pero notaron que el local no contaba con la habilitación necesaria, la cual debe ser otorgada por DINAVISA. La denuncia sobre este incidente se presentó el 29 de julio de 2024.
En este caso, los funcionarios imputados supuestamente exigieron al dueño del establecimiento un pago de 10.000 dólares a cambio de otorgarle la habilitación administrativa categoría A para su local. A su vez, advirtieron que, si no se cumplía con el pago, informarían a la Fiscalía para que se interviniera el lugar y se iniciara un proceso penal.
Como resultado de esta amenaza, el propietario accedió a entregar un adelanto de 16.000.000 guaraníes, de los 50.000.000 guaraníes finalmente requeridos. El 5 de junio de 2024, uno de los agentes de la SENAD imputado contactó nuevamente al propietario de la farmacia y reiteró la demanda de un pago para proceder con la firma de la habilitación del local.
La Fiscalía ha pedido al juez penal en delitos económicos, Humberto Otazú, que en lugar de prisión preventiva imponga medidas sustitutivas para los acusados, entre las cuales se incluye una caución real de 100.000.000 guaraníes para cada uno.
