El fiscal Gerardo Chamorro presentó cargos contra Gladys Zunilda Fernández Mendoza (42) por una serie de delitos que incluyen apropiación indebida, lesión de confianza, falsificación de documentos, estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos. Además, solicitó al Juzgado Penal de Garantías que imponga la prisión preventiva como medida cautelar.
Como parte de la investigación, el fiscal Chamorro llevó a cabo un allanamiento en un predio con cuatro viviendas en el barrio Yataity de Capiatá. Durante la diligencia, se detuvo a la sospechosa y se confiscaron varios elementos, incluyendo dos notebooks, dos teléfonos móviles y diversos documentos.
Según los informes, César Antonio Riquelme Angeloni, quien actúa como representante legal de las empresas Constructora Acción S.A., Realidad S.A. de Mandatos y la Asociación de Docentes del Área Central, todas registradas como contribuyentes en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en San Lorenzo, habría optado por realizar ajustes administrativos en dichas empresas. Estos cambios buscaban mejorar el control interno mediante la implementación de un nuevo sistema informático.
Después de revisar los informes, Riquelme descubrió que la Empresa Constructora Acción S.A. había estado pagando una multa mensual a la DNIT desde 2020, una transacción que no había sido reconocida por el denunciante. Al investigar la causa de la multa, se dio cuenta de que las facturas eran manuales y contenían información falsa.
Riquelme indicó que Gladys Zunilda Fernández, la contadora de las empresas en cuestión, era la única persona con acceso al talonario de facturas. Fernández, quien había prestado servicios contables para estas firmas, era la responsable de estos documentos.
Además, dentro del expediente administrativo, Riquelme halló poderes especiales de representación, supuestamente otorgados por él a favor de Fernández y a otra profesional desconocida para el denunciante. Estos documentos autorizaban a las mencionadas personas a gestionar expedientes en nombre de Constructora Acción S.A.
Fernández también había manejado exclusivamente el acceso al sistema de Marangatu. Tras recuperar el acceso a los sistemas de las empresas y la asociación, Riquelme encontró evidencia de facturas emitidas a nombre de empresas y personas físicas con las que el denunciante y sus asociados no tenían relaciones comerciales.
Finalmente, el denunciante había pedido a sus colaboradores que buscara los talonarios físicos y los libros contables de las empresas, pero no encontraron ningún documento, talonario ni libro en las oficinas de las empresas.
