El diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), presentó un proyecto de ley “Que modifica de manera transitoria el artículo 5° y amplía la Ley Nº 3.984/2010, que establece la distribución y depósito de parte de los denominados royalties y compensaciones en razón del territorio inundado, a los gobiernos departamentales y municipales”, con el objeto de posibilitar la utilización de los recursos provenientes de dicho concepto para la compra de vacunas anti COVID-19.
“Miles de compatriotas y extranjeros se encuentran a la espera de ser inmunizados con las vacunas que tenían que haber llegado al país. Como sabemos, nuestra nación se encuentra entre las repúblicas más relegadas con respecto a las vacunas contra la COVID-19. Este proyecto se presenta con base en esa necesidad y la acuciante situación que atravesamos”, manifestó el parlamentario.
El proyecto busca la modificación, de manera transitoria, del artículo 5°, que quedaría redactado de la siguiente manera: “… como mínimo, el 50 % de los ingresos percibidos por los municipios en virtud de la presente ley, deberá destinarse por única vez a la adquisición de vacunas que sirvan para la vacunación de los pobladores del municipio ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, a causa de la COVID-19 (Coronavirus)”.
En cuanto a la parte restante de los recursos, el 30 % iría para gastos corrientes y el 20 % para gastos de capital.
El documento también pretende autorizar a los gobiernos municipales, la adquisición de vacunas para la inmunización de la población del municipio, en el marco de la lucha contra el COVID-19, mediante un procedimiento de compra directa simplificada, con criterios de eficiencia y transparencia, mediante la contratación por vía de la excepción prevista en la Ley Nº 2.051/2003, “De contrataciones públicas”, pudiendo ser dicha adquisición de proveedores locales como internacionales.
La adquisición de las vacunas y el procedimiento de vacunación serán obligatoriamente coordinadas con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, siempre con base en los criterios técnicos que serán establecidos por la citada cartera estatal, refiere el documento, por último.
La iniciativa será estudiada en las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Asuntos Municipales y Departamentales; y Presupuesto.
