La Fiscalía de Derechos Humanos imputó a dos militares, Luis Alberto Torres Núñez y Walter Fernando Díaz Aguilera, por la supuesta tortura de 35 personas ocurrida en julio de 2020 en Ciudad del Este.
Los militares, entonces comandante de la Unidad de Guardia Costera y comandante de la base de la Armada, respectivamente, habrían sacado a los pobladores de sus casas de manera violenta y les habrían infligido lesiones físicas y psicológicas.
La fiscal Sonia Sanguinés argumentó que los militares incurrieron en el delito de tortura y que la imputación se debió a la falta de acción por parte de los fiscales anteriores, que no movieron la causa durante casi cuatro años.
El abogado Jorge Rolón Luna, defensor de algunas de las víctimas, criticó la labor de la Fiscalía y destacó la labor de la fiscal Sanguinés en imputar a los supuestos responsables.
