Elva Cáceres, agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, tomó declaración indagatoria a Óscar Ayala Noguera, cuñado de Diego Benítez, director de la firma Pinturas Tupa SA, quien figura como el centro de la investigación del origen de las 16 toneladas de cocaína incautadas en Alemania la semana pasada. La droga estaba oculta en latas de pintura que fueron exportadas desde Paraguay.
Tras la declaración de Ayala, la agente fiscal refirió: “El dice que sólo fue el locatario, se hizo un contrato de alquiler con Gerardo Gómez Jara, si bien el alquiló el local como empresario, él está inscripto en el IPS, en dos empresas, pero como empleado. No posee vehículo a su nombre ni está registrado en la Subsecretaría de Estado de Tributación, no tiene RUC ni cuentas cte. Incluso tiene una cuenta impaga, lo que haría presumir que pertenece a un esquema mucho más grande, montado para alquilar el local”, atendiendo que el alquiler del local era de 8.500.000 supuestamente y se pagó dos meses de alquiler más un mes de garantía en una sola vez.
También explicó que los químicos encontrados en el allanamiento del pasado jueves debían contar con un registro de la SENAD para la importación de químicos y este señor debía estar registrado y no figura. “La participación de Diego Benítez es comprometedora ya que su empresa de pinturas es la que realizó la exportación de la carga en la que fueron encontradas las toneladas de cocaína”, recalcó.
Cáceres mencionó que necesario reunir varios elementos más para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en este caso. “En el lugar allanado encontramos dos empresas. Una de ellas es Cartepar que fabrica envases de cartón y Pinturas Tupa, pero no encontramos maquinarias que indiquen que en el lugar se fabrican pinturas. Los responsables de esta fábrica declararon que estaban liquidando los insumos que podían tener dentro, y que por ello no funcionaba como fábrica”.
Señaló que están recabando más datos e informes. Además, tomará declaración al señor Gerardo Gómez Jara, quien alquiló el local y debe prestar declaración ante la Unidad Penal.
