El Tribunal de Apelación en lo Penal de la Primera Sala ha decidido rechazar in limine el recurso de reposición presentado por el abogado Álvaro Arias, defensor del excontralor Enrique García. Este recurso se había interpuesto en contra de la providencia del 19 de febrero de 2024, que ordenaba remitir el expediente al Juzgado de origen.
El abogado defensor Alegaba que aún estaba pendiente el análisis del recurso extraordinario de casación relacionado con la condena de dos años, con suspensión a prueba, por producción y uso de documentos no auténticos y por instigación a un subordinado a cometer un hecho punible, dentro del caso Ivesur. Según los camaristas Digno Fleitas, Arnulfo Arias, y Jesús Riera, el recurrente no había expuesto agravio específico alguno respecto a la resolución impugnada, la cual ordena la remisión del expediente principal al juzgado penal de sentencia.
El tribunal añadió que la devolución de los expedientes principales una vez resuelta la cuestión planteada no impide la tramitación de los recursos presentados contra la resolución del Tribunal de Apelaciones.
“Finalmente, al no encontrar agravio en la resolución que dispone la remisión de los autos principales al juzgado de sentencia, corresponde el rechazo in limine del recurso de reposición interpuesto, por su notoria improcedencia”, detallaron en su dictamen.
En junio de 2023, el Tribunal de Sentencia, con el voto en disidencia del juez Manuel Aguirre, condenó a Enrique García, excontralor general de la República y exasesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, a dos años con suspensión a prueba. La condena estaba fundamentada en la producción y uso de documentos no auténticos, así como en la instigación a un subordinado para cometer un hecho punible, en el contexto del caso Ivesur.
El juez Juan Francisco Ortiz, en sus fundamentaciones, explicó que García era plenamente consciente de haber anexado un documento apócrifo y que tenía un interés particular en la presentación de dicho escrito pese a su falsedad.
Este fallo y las decisiones judiciales que han seguido ponen de relieve la seriedad con la que las instituciones judiciales abordan el caso y se aseguran de que los procesos se ejecuten con legalidad, sin brindar oportunidades de agraviarse sin fundamento.
