Allanamientos simultáneos fueron ejecutados en Minga Guazú y Luque en prosecución a la investigación de un aparente caso de trata de personas con fines de explotación.
Presuntamente, una comunidad religiosa era utilizada como fachada para engañar a jóvenes que llegaban con la intención de estudiar pero luego eran explotadas laboralmente.
Los procedimientos fueron encabezados por las fiscales Vivian Coronel y Karina Sánchez. En el realizado en Luque resultó detenida una persona, mientras que en el desarrollado en Alto Paraná incautaron varios elementos.
Desde la Fiscalía indicaron que la comunidad estaba integrada por mujeres que se hacían pasar por monjas, vistiendo hábitos. Las mismas captaban víctimas y las llevaban engañadas hasta el lugar, donde terminaban realizando trabajos forzosos sin remuneración.
Así mismo, la Diócesis de Ciudad del Este no reconoció a la congregación como parte de la Iglesia Católica.
