Wilfrida Rotela, concejala municipal de Piribebuy, fue imputada por la fiscala María Angélica Insaurralde después de que se llevara a cabo un allanamiento en una farmacia de su propiedad, donde supuestamente se realizaban abortos clandestinos.
Durante el allanamiento, se detuvo a Rotelay a Nidia Beatriz Spaini Fariña, quien fue llevada a la comisaría 1era de Caacupé por disposición del Ministerio Público.
Ambas mujeres fueron acusadas de aborto y otros delitos. Durante el allanamiento, se confiscaron evidencias como objetos médico-quirúrgicos con restos de sangre y tejidos, materiales desechables y dispositivos celulares.
La Fiscalía además incautó dos celulares que supuestamente eran utilizados para organizar las agendas de sus clientes. Según el reporte, el costo de los supuestos abortos realizados iba desde los G. 2 millones.
