El ministro de Justicia, Ángel Barchini, decidió poner fin a un contrato de compra de equipos destinados a mejorar el sistema penitenciario, otorgado a la empresa Dolfi SA, representada por Álvaro Yaluk Ketterer, por un monto de más de G. 6.500 millones.
La compra de los equipos estaba enmarcada en la Ley 7238 de Emergencia Penitenciaria, firmada el pasado 22 de diciembre por el presidente Santiago Peña.
El contrato incluía la adquisición de tres notebooks de la marca HP y dos ordenadores PC de la marca Acer, junto con otros equipos informáticos y de oficina.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia decidió cancelar el contrato con el objetivo de “garantizar la transparencia en la utilización de los recursos del erario público”, según un comunicado.
Además de la cancelación, la institución ha anunciado que se llevarán a cabo investigaciones para determinar si hubo alguna irregularidad durante el proceso de adjudicación.
